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Familias pobres se enfrentan por el agua con consorcio inmobiliario en El Salvador – Rebelion

APOPA, El Salvador – Alex Leiva se levantó a las 4:00 de la madrugada, aún somnoliento, para realizar una tarea clave para la subsistencia suya y de su grupo familiar, en el caserío salvadoreño donde vive: llenar varios barriles con el agua que cae del grifo únicamente a esa hora cada dos días.

Si
no acapara el líquido, entre las 4:00 y las 5:00 AM, no tendrá otra oportunidad
de llenar los barriles hasta dentro de dos días.

“Así
me toca, a veces alcanzo a llenar tres barriles, el servicio lo dan un día sí y
otro no”, dijo a IPS Leiva, de 32 años y dedicado a la producción de videos.

“Es
difícil estar en una situación así, donde el agua se recibe de una manera
ineficiente”, añadió. El líquido no lo provee la estatal Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Anda)
sino la Junta Administradora de Agua Acasap.

En
El Salvador hay al menos 3000 de estas juntas, unas asociaciones comunitarias
que juegan un rol esencial en el suministro y gestión del recurso hídrico en
zonas rurales y de las periferias urbanas, ante el incumplimiento del Estado de
su abastecimiento.

Leiva
vive en la Lotificación Praderas, del cantón Cabañas, en los alrededores del
municipio de Apopa,
al norte de la capital del país, San Salvador.

Esa
zona norte, que involucra a varios municipios, ha estado en conflicto en los
últimos años desde que residentes de esas comunidades pasaron a rechazar un
proyecto urbanístico impulsado por una de las familias más poderosas del país,
los Dueñas.

El
poderío de este clan se remonta hasta los días de la llamada oligarquía
cafetalera, surgida a mediados del siglo XIX.

Ciudad
Valle del Ángel es el nombre de la urbanización residencial que se levantará en
esa zona, en un área de 350 hectáreas, y que demandará de unos 20 millones de
litros de agua al día, para abastecer a las familias que decidan comprar una de
las 8000 viviendas.

Los
primeros permisos de factibilidad otorgados por Anda al consorcio datan desde
2015.

Las
residencias han sido diseñadas para familias de clase media alta que decidan
dejar la caótica San Salvador y vivir con todas las comodidades de la vida
moderna, con agua las 24 horas al día, en medio de comunidades pobres que
carecen del recurso.

“Hay
gente en mi comunidad que logra llenar solo un barril porque la presión del
agua no da para más”, señaló Leiva, padre de un niño de 5 años y de una bebé de
nueve meses.

Valle El Ángel es una extensa región localizada en las faldas del volcán de San Salvador, en territorios compartidos por municipios del norte de la capital, entre ellos Apopa, Nejapa y Opico.

Vista general de la Parcelación El Ángel, del cantón Joya Galana, en el municipio de Apopa, aledaño a San Salvador. La comunidad batalla por defender los pocos recursos naturales que sobreviven alrededor, entre ellos un manantial que nace en la microcuena del río Chacalapa. El agua en la zona es escasa, mientras las autoridades salvadoreñas avalan un millonario proyecto inmobiliario que usará millones de litros diarios. Foto: Edgardo Ayala / IPS

Una justicia injusta

La Sociedad Dueñas Limitada,
el consorcio que maneja el proyecto urbanístico, recibió la luz verde
definitiva para comenzar la obra: el visto bueno de la Sala
Constitucional
, que el 29 de abril de 2022 rechazó una demanda de
inconstitucionalidad interpuesta en octubre de 2019 por organizaciones
ambientalistas y comunidades del norte de San Salvador.

La
demanda iba en contra de un dudoso acuerdo suscrito en 2016 entre esa sociedad
y Anda, que administra el recurso hídrico en el país, y por medio del cual se
establece otorgar al proyecto 240 litros de agua por segundo, es decir, unos 20
millones de litros al día.

El
consorcio pretende construir ocho pozos en la zona. El agua será extraída del
acuífero de San Juan Opico, así como de agua subterránea más superficial de
Apopa y de Quezaltepeque.

“Esos
acuerdos abren la puerta a este tipo de concesiones ilegales entregadas a la
empresa privada…, es una situación que no se está abordando desde una
perspectiva integral, que supla las necesidades de las personas, sino que desde
una perspectiva mercantilista”, aseguró a IPS la abogada Ariela González.

Ella
es parte de la Fundación de Estudios para
la Aplicación del Derecho
 (Fespad), miembro del Foro del Agua, que aglutina a una veintena de
organizaciones civiles que han venido luchando por una distribución justa y
equitativa del recurso en el país.

González
añadió: “Quienes legalizan toda esta figura de despojo de los bienes
ambientales son nuestras instituciones públicas, por medio de estos mecanismos
donde se les permite a las empresas maquillar los estudios de impacto
ambiental”.

Las
organizaciones y comunidades han señalado que el agua es un derecho humano, en
beneficio de la colectividad, y además, en la demanda insistieron en que los
acuíferos son parte del subsuelo, propiedad del Estado.

Y por tanto, si se quería otorgar a alguna empresa algún beneficio fruto de ese subsuelo, se trataría entonces de una concesión que debía ser avalada por la Asamblea Legislativa, cosa que no pasó.

Martina Vides (I) y Sara García, pertenecientes a un colectivo ecofeminista que desde hace cinco años lucha por evitar que se construya en la zona un gran proyecto residencial, Ciudad Valle El Ángel, de una de las familias más poderosas de El Salvador. Foto: Edgardo Ayala / IPS

La resolución de la
Sala de la Corte Suprema de Justicia llega
en un contexto de descrédito hacia esa instancia, que funge como el tribunal
que vela por el cumplimiento de la ley fundamental de este país centroamericano
de 6,7 millones de habitantes.

Los
cinco magistrados que la componen fueron nombrados sin seguir el procedimiento
regular el 1 de mayo de 2021, cuando se instaló la nueva Asamblea Legislativa, controlada por diputados del
partido del presidente Nayib Bukele, Nuevas Ideas, con 56 bancas, de 84.

“Seguimos
en un gobierno que sigue beneficiando al gran capital y destruyendo los
territorios”, dijo a IPS Sara García, del grupo ecofeminista Colectiva
de Mujeres Kawoc
 y del movimiento Salvemos Valle El Ángel,
apoyado nacional Foro del Agua.

Martina
Vides, compañera de lucha de García, agregó: “Queremos que haya protección para
los mantos acuíferos, que se evite la tala de árboles”.

Ambas
hablaron con IPS una tarde gris y lluviosa del último día de mayo, en la
Parcelación El Ángel, donde residen, dentro del cantón Joya Galana, también del
municipio de Apopa, que está en medio de la zona de impacto.

A
corta distancia se encuentra el manantial que provee de agua a esa y otras
comunidades, y que nace en la microcuenca del río Chacalapa. El recurso llega
bajo un esquema de administración comunitario organizado por la junta de agua
de esa zona.

Vides
debe pagar seis dólares al mes por recibir el servicio, aunque también le llega
cada tres o cuatro días a la semana.

Según
cifras oficiales, en este país 96,3% de los hogares del área urbana cuentan con
acceso al agua por cañería, pero esa cifra se reduce a 78,4 % en el campo,
donde, 10,8 % se abastece con agua de pozo y 10,7 % lo hace mediante otros
medios.

Desde
que el proyecto de Ciudad Valle del Ángel comenzó a gestarse, ambientalistas y
representantes de las comunidades se han volcado contra él con actividades de
calle porque impactará negativamente al medio ambiente de la zona,
especialmente a los acuíferos.

La
lucha por el agua en El Salvador viene de larga data, para que sea un derecho
humano, de acceso para toda la población, sobre todo porque el país es uno de
los más golpeados por la crisis climática, con impactos especialmente sensibles
en el llamado Corredor Seco.

Por
más de 10 años colectivos ambientalistas y sociales han pujado por una ley de
aguas, alcanzando acuerdos preliminares con los gobiernos pasados. Pero desde
que llegó al poder el populista Bukele se deshizo lo avanzado en esa dirección.

En diciembre de 2021, la Asamblea Legislativa aprobó una Ley General del Recurso Hídrico, que excluyó las ya preacordadas propuestas sociales, y si bien reconoce el derecho humano al agua y establece que el recurso no será privatizado, esto en la práctica  no se aplica, como evidencia el proyecto urbanístico de los Dueñas.

Un vendedor de un helado tradicional en El Salvador, a base de hielo raspado bañado de concentrado de frutas, espera clientela en una de las calles de la Parcelación El Ángel, en el municipio de Apopa, al norte de la capital. La localidad es uno de los epicentros donde familias pobres y organizadas intentan detener un proyecto urbanístico, que afectará los manantiales de los que se abastecen y agudizará la escasez de agua en la zona. Foto: Edgardo Ayala / IPS

No es el único

El
proyecto urbanístico no es el primero ni el único en la zona.

Ahí
se han construido ya conjuntos residenciales de ese tipo, destinados a una
clase media alta, holgada económicamente, gracias a inversiones que también han
realizado otras familias pudientes del país, como los Poma.

Y
de hecho, con esas otras empresas se han amarrado acuerdos del mismo tipo, es
decir, en los que los consorcios reciben el aval para obtener agua para sus
proyectos, dijo González.

Lo
mismo ha sucedido en los alrededores de la llamada Cordillera del Bálsamo, al
sur de la capital, donde se han desarrollado proyectos habitacionales en los
alrededores de municipios como Zaragoza, muy cerca de las playas del océano
Pacífico.

En
Valle El Ángel hay además al menos una empresa cuya principal materia prima es
el agua. Se trata de Industrias La Constancia, que posee la marca Coca Cola y
otras de jugos y bebidas energizantes, localizada en el municipio de Nejapa.

Gonzalez,
la abogada de Fespad, sostuvo que en el país debería de existir una moratoria
para poder detener, por un tiempo, a ese tipo de inversiones que atentan contra
los bienes ambientales del país, especialmente el agua.

Pero
mientras eso llega, si es que alguna vez llega, y mejore el acceso al recurso
hídrico, Alex Leiva continuará levantándose a las 4 de la madrugada, un día sí
y otro no, para llenar sus tres barriles.

“Ni
modo, no nos queda de otra”, dijo.

ED: EG

Fuente: https://ipsnoticias.net/2022/06/familias-pobres-se-enfrentan-por-el-agua-con-consorcio-inmobiliario-en-el-salvador/



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