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La PAH-Valencia paraliza el desahucio de una mujer con menor a su cargo y víctima de maltrato – Rebelion

“Gracias a todos; estoy enferma, con un 63% de discapacidad y un menor a mi cargo; me querían echar a la calle, sin concederme un alquiler social; todas las personas tenemos derecho a una vivienda”, afirmaba Encarna el 13 de abril, en el portal del edificio donde reside, en la avenida Amado Granell nº44 de Valencia. Encarna es, además, víctima de violencia machista.

La
lucha de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)-Valencia, con el
apoyo de la red de asambleas vecinales EntreBarris y el empeño del abogado de
oficio, ha hecho posible que se paralice –durante tres meses- el desahucio de
Encarna, instado por CaixaBank.

Convocados
por la PAH, medio centenar de vecinos y activistas se concentraron en la puerta
de una sucursal de CaixaBank, a las 9,00 horas de un día lluvioso. “Vecino
despierta desahucian en tu puerta”; “Vergüenza me daría desahuciar a una
familia”; “Ladrones”; “Visca la lluita de la classe obrera” o “Ni gent sense
casa, ni cases sense gent”, fueron algunas de las consignas, entre pañuelos y
camisetas verdes (distintivas de la Plataforma), que gritaron los congregados.
Un automóvil de la Policía Nacional, varios agentes y una furgoneta de la
Policía Local se hallaban muy cerca.

En
2021 CaixaBank obtuvo un beneficio “ajustado sin extraordinarios asociados a la
fusión con Bankia” de 2.359 millones de euros (1.381 millones en 2020).

El
presidente de la entidad, José Ignacio Goirigolzarri, tuvo en 2021 una
retribución de 1,69 millones de euros; el consejero delegado, Gonzalo Gortázar,
percibió una retribución de 3,89 millones de euros, informó la agencia
Servimedia, con los datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
(CNMV).

Integrantes
de la PAH lograron entrar en la oficina de Bankia ubicada en el edificio anexo
a la vivienda de Enacarna; el objetivo era que el banco firmara un contrato de
alquiler social con esta vecina. Se trataba, asimismo, de que la dirección suscribiera
un documento de la Plataforma, extensible a otras entidades financieras ante
situaciones como la de Encarna.

“Se
compromete a ofrecer alquiler social a todas las personas y familias
vulnerables; y un alquiler asequible al resto antes de iniciar un proceso
judicial y de desahucio”, es el primer punto en la propuesta de convenio de la
PAH a la banca.

Además
se insta a los bancos –en este caso CaixaBank- a la “cesión voluntaria” de las
viviendas vacías a las administraciones públicas, durante un plazo de entre 10
y 15 años; al finalizar el periodo, se producirá la devolución de las
viviendas, en el mismo estado de conservación que fueron cedidas.

En
la movilización del 13 de abril, portavoces de PAH-Valencia recordaron que en
el País Valenciano se produjeron 6.181 desahucios durante 2021, lo que supone
la tercera autonomía del estado español tras Cataluña y Andalucía (estadística
del Consejo General del Poder Judicial).

Asimismo
pusieron cifras a la “descomunal escasez” del parque público de viviendas (de
la Generalitat y los ayuntamientos) en el País Valenciano: el 0,6% del total de
viviendas, muy por debajo de la media española y de la UE; y al incremento de
la “privación material severa”: 577.874 personas se hallaban en esta situación en
2020 –el 11,5% de la población valenciana-, frente a las 239.011 personas en
2019 (cifras de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión
Social).

Los
activistas relacionaron estos balances con el coste del rescate de Bankia en 2012, durante el gobierno del derechista
Mariano Rajoy: 24.000 millones de euros en ayudas públicas (el proceso de
fusión de CaixaBank y Bankia se completó en noviembre de 2021; el Estado
español posee, a través del FROB, una parte del accionariado de CaixaBank).

Otro
punto planteado en el convenio de la PAH es que CaixaBank ponga a disposición
de las familias vulnerables “créditos blandos, que permitan a miles de familias
hacer frente a las deudas contraídas”.

El
documento agrega que las diferentes administraciones tendrán que desarrollar el
parque público de viviendas, de modo que no sea inferior al promedio de la UE (países
del entorno español).

Se
propone asimismo un “plan de choque”, con la incorporación de viviendas, suelos
y activos de la SAREB (también denominado banco
malo
), sociedad constituida en 2012 para la gestión y venta de los “activos
problemáticos” de las entidades financieras que recibieron ayudas públicas,
tras la crisis de 2008. El Estado español es, a través del FROB, el accionista
principal de la SAREB.

En
el texto titulado Per què la SAREB ha de
ser nostra?
, publicado en enero por el periódico La Directa, las PAH del
País Valenciano explican la necesidad de la medida. Por ejemplo el “imparable
aumento” de los precios del alquiler de la vivienda en el País Valenciano: del
46% en los últimos cinco años, el segundo incremento, tras las Islas Canarias,
del estado español (Índice inmobiliario Fotocasa); o citan el caso de las 754
personas que viven sin techo en la
ciudad de Valencia, según el censo municipal.

Las
PAH subrayan, además, que existen en el País Valenciano 409.261 hogares con
demanda potencial de vivienda en los próximos cuatro años (incluidos acceso y
rehabilitación); 205.101 hogares manifestaron la demanda potencial de acceso a
la vivienda (datos del Observatorio del Hábitat de la Generalitat Valenciana,
periodo 2017-2020).

En
una reunión del 4 de abril con representantes de organizaciones sociales –como
la PAH, Sillas contra el Hambre o Iaioflautes-, el vicepresidente del Gobierno
Valenciano, Héctor Illueca (Unidas Podemos), manifestó que propondrá al
ejecutivo central que las viviendas de la SAREB en el País Valenciano se
integren en el parque público de la Generalitat.

El
comunicado sobre la reunión detallaba el número de viviendas de la SAREB en el
País Valenciano -8.532-, que sumadas a las más de 14.000 gestionadas por la
Generalitat, representaría un incremento del 64%.

Impulsada
por una veintena de organizaciones sociales, colectivos antidesahucios y
sindicatos, la Campaña Iniciativa Por una
ley que garantice el Derecho a la Vivienda
reivindica que se “asegure y
amplíe el parque público de alquiler social, como mínimo al 20% del conjunto de
viviendas en 20 años”.

También
reivindican una ley que garantice el derecho a una vivienda digna; la
paralización de los desahucios de personas vulnerables sin alternativa de vivienda digna y adecuada; la regulación estatal de
los alquileres; garantizar los suministros básicos de agua, luz, gas y acceso a
las telecomunicaciones; o una “segunda oportunidad efectiva” para los hogares
con deudas hipotecarias, entre otras medidas.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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