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Ofensiva de Podemos para subir el IRPF en 2023 a quienes ganen 10.000 € al mes

Unidas Podemos no se conforma solo con los nuevos impuestos a la Banca, las empresas eléctricas, gasísticas y petroleras anunciados por Pedro Sánchez en el Debate sobre el estado de la Nación y ahora exige al PSOE una negociación simultánea de los Presupuestos Generales del Estado 2023 y una subida del IRPF a quienes ganen a partir de 120.000 euros brutos al año (10.000 al mes), aseguran a Vozpópuli fuentes de la dirección morada.

“España es uno de los países europeos, no ya con la presión fiscal más baja, sino con la mayor desigualdad entre lo que aportan los trabajadores con sus nóminas y lo poco que lo hacen las clases pudientes; y con eso hay que acabar“, señalan las fuentes consultadas, que recuerdan el acuerdo de investidura que firmó Sánchez con Pablo Iglesias el 12 de noviembre de 2019, dos días después de la repetición de las elecciones generales.

En concreto, el punto 10.2 señala que se incrementarán “dos puntos los tipos impositivos sobre la base general para los contribuyentes que tengan rentas superiores a 130.000 euros y cuatro puntos para la parte que exceda de 300.000 euros. El tipo estatal sobre las rentas de capital se incrementará en cuatro puntos porcentuales para dichas rentas superiores a 140.000 euros“. La pérdida de los salarios, también de los más altos, se va a ver por tanto también reflejada con una bajada del límite inferior de 130.000 a 120.000 euros/año.

Sin embargo, fuentes del Ministerio de Hacienda consultadas por este periódico recuerdan que ya se aprobó con el Presupuesto del Estado 2021 una subida del 2% en el IRPF para quienes ganan más de 300.000 euros al año. La operación resultó un fiasco porque el Ministerio de Hacienda recaudó ese año un 55% menos de lo previsto, en concreto, 1.450 millones de los 3.230 consignados a tal efecto como ingreso extra aquel ejercicio.

Tras aquel revés, la ministra, María Jesús Montero, intentó llevar a cabo la reforma fiscal en 2022 aprovechando la recuperación, pero el alza inflacionista ya de otoño del año pasado lo desaconsejó porque no se puede ahondar en la pérdida de poder adquisitivo de los españoles con una otra subida fiscal. “La prioridad ahora es combatir la inflación desbocada”, replica una fuente socialista del Ejecutivo a su socio Podemos.

En enero de este año, durante una conferencia en Madrid con el economista francés Thomas Piketty, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ya señaló que una mayor progresividad fiscal iba a ser el santo y seña de Sumar. “El proyecto en el que yo trabajo es que hay que ir con un discurso y unas políticas fuertes en materia tributaria. No se trata de subir o bajar impuestos, sino de decirle a los ‘hipérricos’ y a las grandes corporaciones que tenemos que conformar un nuevo contrato social. Y que ellos tienen que formar parte de los proyectos de sociedades que tenemos. Si no hablamos de esto nos vamos a equivocar”, afirmó.

Y concluyó con una pregunta al auditorio: “¿Por qué en nuestro país tenemos una enorme anomalía tributaria, a 6% de distancia fiscal de Europa? Son 75.000 millones menos” por el enorme fraude fiscal que hay en España, insistió, y eso que hace que el Estado tenga que endeudarse para mantener servicios básicos como sanidad y educación.

El socio minoritario del Gobierno cree, no obstante, de que buena parte de las rentas altas obtienen sus ingresos fuera de nómina; De hecho, solo 11.113 contribuyentes -un 0,05% de todos los que hicieron IRPF en 2020- declararon rendimientos del trabajo superiores a los 600.000 euros anuales, lo cual supuso un descenso del 6,7% respecto al ejercicio 2019, último antes de la pandemia, según la última estadística publicada por la Agencia Tributaria.

Por eso van a exigir también a Pedro Sánchez en el último año de la legislatura ese “impuesto a las grandes fortunas” que llevaba en su programa electoral y que los socialistas aceptaron en el acuerdo de investidura. Un acuerdo que incluye mayor control de las SICAV “estableciendo un tope de concentración de capital en manos de un mismo inversor”.

Belarra y los suyos quieren combatir “el runrún que ha puesto en marcha el PSOE, que poco más o menos, viene a decir: estos de Podemos ya se conformarán con los nuevos impuestos a bancos y empresas energéticas”, señalan fuentes moradas

La secretaria general de Podemos y ministra Ione Belarra se ha declarado en público satisfecha por el giro a la izquierda que ha imprimido el presidente del Gobierno a este último tramo de la legislatura, pero en privado otras fuentes moradas y quieren combatir en la negociación presupuestaria “el runrún que ha puesto en marcha el PSOE, que poco más o menos, viene a decir: estos de Podemos ya se conformarán con esos impuestos a bancos y empresas energéticas, y no es así”, máxime cuando a esos nuevos impuestos les falta aún “mucha concreción”.

Y, sobre todo, señalan otras fuentes, que van a ser puestos en marcha el uno de enero de 2023, es decir, la primera recaudación de los mismos no llegará -salvo que suponga aumento del IVA, que se liquida inmediatamente- hasta mediados del año próximo; es decir que buena parte de los 7.000 millones que Pedro Sánchez anunció va a recaudar Hacienda de los beneficios extraordinarios de petroleras, eléctricas y bancos, no estarían disponibles para gasto social antes de la siguiente legislatura.

Hacienda no lo ve

El problema al que se enfrenta la exigencia de Unidas Podemos es que el informe sobre la reforma fiscal que el Comité de Expertos entregó en marzo a la ministra de Hacienda sí pide una subida generalizada de tributos -sobre todo IVA- para hacer frente al déficit, pero en IRPF no hace especial hincapié en la subida a los ricos sino en “suprimir aquellas exenciones, reducciones, deducciones o regímenes especiales cuyo mantenimiento no esté justificado”. Y proponen, también, un mínimo exento más “alto” en los impuestos de Donaciones y Sucesiones, algo a lo que Yolanda Díaz, Belarra y los suyos se niegan.

En ese acto de presentación, Montero ya hecho un jarro de agua fría a esa petición de los sabios, matizando que su documento se trata de un documento “de estudio y análisis” durante los próximos meses y años y el Gobierno luego formulará propuestas que permitan “el mayor consenso posible con los grupos políticos del arco parlamentario”. Es decir, nada de subida generalizada ahora de tributos que gravan las rentas.

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