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Un guardia civil pide 170.000 euros tras archivarse un caso de corrupción que le salpicaba

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El Juzgado nº 3 de Melilla ha archivado la investigación iniciada en el año 2019 por unas supuestas irregularidades en las partidas económicas que se destinaban al mantenimiento de las embarcaciones del grupo de la Guardia Civil de la ciudad autónoma encargado de vigilar la frontera marítima española y europea.

El procedimiento se inició con la orden del Coronel de instrucción de una información reservada en relación con el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Comandancia de Melilla de la Guardia Civil, donde supuestamente se estaban dando una serie de irregularidades denunciadas por varios miembros de la unidad. El jefe de la unidad, absuelto, pide a la administración la indemnización de 170.000 euros “en calidad de daños y perjuicios” por los cuatro años que ha durado la causa.

El origen de la causa se remonta a la tramitación de una información reservada en la que se denunciaba la supuesta trama de corrupción. En concreto, se denunciaba que mandos del GEAS de la Comandancia de la Guardia Civil de Melilla habían emitido facturas falsas en la compra de aceite para motor para las embarcaciones oficiales de la unidad. También se investigaba el supuesto uso de una embarcación que se encontraba precintada y a disposición judicial sin la debida autorización judicial.

La juez investigaba si se produjo un delito de falsedad documental por unas supuestas facturas falsas en la compra de aceite para las embarcaciones, un delito de desobediencia a la autoridad judicial por la posible manipulación y movimiento de una de las embarcaciones hallándose precintada y a disposición judicial, un delito de estafa llevada a cabo por los Guardias Civiles en connivencia con algunos empresarios de la zona por facturar trabajos teóricamente no realizados.

Sustitución del mando de la Guardia Civil

“En base a las conclusiones provisionales del instructor de la Información reservada se produjo la apertura de varios expedientes disciplinarios contra el que era entonces el Jefe del Grupo GEAS, que supusieron la inmediata suspensión de empleo y sueldo, a la espera de resolución definitiva en cada uno de los asuntos, y su inmediata sustitución en el cargo por uno de los denunciantes”, señalan desde la Asociación Pro Guardia Civil (APROGC). “Dicha “información reservada” originó la investigación contra el mismo por un presunto acoso a un grupo de sus subordinados, entre los que se encontraba el agente que lo sustituyó en el mando”, añaden.

Desde que comenzaron las investigaciones judiciales se investigó a una veintena de agentes de la Guardia Civil y a un empresario de Melilla. No obstante, no se ha podido demostrar la emisión de las facturas falsas ni que se utilizase la embarcación precintada, sin la debida autorización judicial. APROGC detalla que, además, se investigaban también los trabajos de imprimación de la misma embarcación facturados y presuntamente no realizados y los trabajos de Power Trim de la embarcación también facturados y supuestamente tampoco realizados, con intención de enriquecerse.

Tras casi cuatro años de recorrido, la juez del Juzgado nº 3 de Melilla ha dictado el sobreseimiento de la causa. Por todo ello, quien fuera jefe del GEAS, asesorado por el despacho de abogados Penaltech, ha pedido a la administración la indemnización de 170.000 euros “en calidad de daños y perjuicios”.

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